El país rinde examen en inclusión

Martes 17 de Octubre de 2017

En términos de construcción ciudadana, este 2017 eleccionario es de interés para toda la ciudadanía, pero lo es adicionalmente para las personas con discapacidad, porque la Argentina será revisada por el comité de los derechos de las personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas. En criollo, el país rinde examen en inclusión.

En 2016, cumplió diez años la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en 2018 la Argentina cumplirá diez años desde su adhesión a este cuerpo legal de jerarquía constitucional que reconoce a las personas con discapacidad una batería de derechos, como el de educarse en escuela común.

Pero aunque nuestro sistema jurídico impone la inclusión educativa en el sistema y en la escuela, este derecho no está reconocido en todas las constituciones provinciales, y las regiones presentan un mosaico escolar que -con matices- resiste la inclusión. Alguna responsabilidad cabe a la ley de educación nacional, que estructura el sistema educativo sobre un modelo integrador (no inclusivo) y propone la modalidad "especial" como específica para estos alumnos. El meollo es que ese servicio educativo se brinda en escuelas cuya única población es de niños con discapacidad: escuelas especiales para chicos especiales, mundos sin convivencia.

Para evitar la hipocresía de la declamación de derechos en el escenario internacional y su violación en la esfera doméstica, la ONU prevé un sistema de monitoreo en que los Estados rinden cuenta: un comité encargado de recibir informes es la vía para el control internacional, que en 2017 y 2018 recae sobre nuestro país. Organizaciones de la sociedad civil y el Estado argentino son invitados a presentar informes de situación.

Así, Edmund Rice International -con sede en Ginebra y estatus consultivo ante la ONU-, en alianza con la local Educación Inclusiva ONG, realizó más de 30 entrevistas a expertos y personas afectadas e informó que la realidad escolar dista mucho del derecho vigente. Del dicho al hecho, un gran trecho. En general, las escuelas comunes no trabajan con diseño universal del aprendizaje y no se cumple con las características propuestas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1999) de disponibilidad, accesibilidad, aceptación, adaptabilidad: las escuelas inclusivas disponibles y accesibles a todos son todavía casos aislados. Si bien todos los niveles y modalidades presentan algún grado de resistencia a la inclusión plena, las principales violaciones se dan en la gestión privada, en los hitos marcados por el ingreso (negativa de vacantes) y paso de un ciclo al siguiente (inicial-primaria-secundaria). Son todavía pocas las familias que piden amparo judicial, y aunque encuentren reconocimiento, éste no compensa la angustia moral vivida ni borra la discriminación cometida.

A pesar de esto, en el informe presentado destacamos que en el décimo cumpleaños de la convención, la Argentina dio un gran paso: por impulso del Ministerio de Educación de la Nación, el Consejo Federal aprobó la resolución 311/2016, que disipa toda duda sobre el derecho a la inclusión educativa y establece reglas claras para todo el país. Pero es su reglamentación la que puede implicar un fuerte retroceso, y no debe quitársele foco. Por eso, para acompañar en la construcción de inclusión y de ciudadanía -pues el derecho a educarse en escuela común conlleva el de participar plenamente en la vida social- se presentaron cinco recomendaciones centrales: 1. Que la modalidad de educación especial sea brindada principalmente en el ámbito de las escuelas comunes para así convertirlas en inclusivas. 2. Aprobación de reglamentación común de la resolución 311/2016 del CFE que garantice el acceso de las personas con discapacidad a la escuela que libremente elijan. 3. Reformulación de los planes de formación docente inicial y continua, y su unificación sobre el abordaje desde el diseño universal, superador de la dicotomía "formación especial vs. formación común". 4. Difusión y concientización sobre los derechos de las personas con discapacidad en las comunidades escolares y en la población general. 5. Convocatoria y participación de las organizaciones formadas por personas con discapacidad y sus familias, para el trabajo conjunto.

Si trabajamos sobre estos ejes, la Argentina rendirá un mejor examen y posiblemente festeje entre sus efemérides en tiempos venideros el nacimiento de la escuela inclusiva.

Por: María José Adrogué

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