La pata civil que colaboró para "depurar" la escuela

Lunes 26 de Febrero de 2018

Fragmento del libro "La educación clandestina", sobre los archivos de la Dirección General de Informaciones (DGI).

En diciembre de 1977, un presidente comunal de condición civil, redacta una carta al Ministro de Educación y Cultura de la Nación Dr. Juan José Catalán para "transmitirle una gran preocupación, cual es el Director del Colegio X". El funcionario entiende que "según sus declaraciones, este señor no debería ser director ni un minuto más, para bien del país y de la juventud que aquí se educa". Específicamente, en su "condición de ciudadano que juró por la reorganización nacional (...) vería con agrado de (...) la renuncia del Director del Colegio X que es la guerrilla en las aulas".
Al mes siguiente, el secretario de Estado de educación, Gustavo Luis Perramón Pearson, hace llegar una copia de la carta al ministro santafesino manifestando que "las graves imputaciones" vertidas en el adjunto ameritarían la remoción del citado director. Con ello y bajo la fórmula de rigor, se solicitan los antecedentes del "causante".
Mediadas las tramitaciones correspondientes, el director de la DGI cumple la orden ministerial "adjuntando nota-informe" que determina: "Es de ideología marxista. Llegó a X huyendo de la Revolución Libertadora del año 1955. Es peronista de izquierda y en cuanto sucedió el retorno del peronismo en el año 1973 fue agitador activo".
La pesquisa prosigue con otros datos "menores" hasta llegar a su desempeño como docente en 1978. Tal dimensión no será notificada por una agencia de inteligencia local o nacional, sino por la Sub-Comisaría cercana al colegio en cuestión; expresamente se asentará que: "En la escuela que es Director y profesor, hace manifestaciones en contra de los poderes públicos locales, con críticas que no van a su función específica como educando".
De forma (muy) sugerente, los antecedentes que entonces hacen a su "desempeño escolar", se circunscriben a una crítica direccionada a la máxima autoridad; esto es, lugar del cual provino inicialmente la denuncia. Tras ésta, y en breves meses, el Director denunciado ya no es tal "ni un minuto más".

El intendente entrega una lista
Este expediente cursa el caso de una maestra que se desempeñaba en una escuela rural ubicada en un paraje cercano a la ciudad de Vera. Los partes que la tienen como "causante" indican dos fechas puntuales: abril de 1973 y noviembre de 1979. La primera, en los últimos días de la "Revolución Argentina", reseña que:
"Su domicilio es allanado durante una serie de operativos de las FF.SS. contra integrantes de la B.D.T. (Banda de Delincuentes Terroristas) Montoneros, originados a raíz de la detención y posterior declaración de A miembro de la citada organización. La causante, quien se halla prófuga, sería la concubina del mencionado B".
El registro de 1979 o "actualización" del legajo, otra vez resulta de la denuncia realizada por el presidente de la comuna en cuya jurisdicción se halla el establecimiento educativo. En rigor, el funcionario señala a un grupo de ciudadanos, entre ellas la docente, como autores de una "campaña panfletaria e inscripciones murales donde se denuncian supuestas irregularidades en la Comuna, atribuidas al Intendente.
Inmediatamente, los agentes explican que "en esa oportunidad", el denunciante "entregó a las fuerzas de seguridad del Dpto. Vera una lista de personas que, a su criterio, serían los responsables de la campaña panfletaria de referencia". En dicho marco también, "(...) el presidente comunal formuló ante las autoridades provinciales, una denuncia referida a posibles actividades de una célula subversiva y en la cual estarían implicadas personas residentes en el Dpto. Vera". Nuevamente, entre los muchos nombres aludidos, se halla el de la maestra rural.
Según se revela, estos datos dieron lugar a inmediatas tareas de vigilancia pero sin acreditarse actividad "subversiva" alguna. Más aún, la mayoría de los vecinos enumerados carecen de observaciones especiales ni "antecedentes desfavorables" y ciertamente gozan "de buen concepto ambiental". En definitiva, no se detectan presuntos contactos interpersonales y/o la insinuada "célula terrorista".
En cambio, los agentes reconocen indicios de una malversación de fondos públicos en la gestión del intendente, reorientando la faena a "sondeos sobre irregularidades económicas y administrativas de la comuna". Sin mayores precisiones sobre el particular, la actividad clandestina concluye que los "hechos investigados en relación al caso" permiten "(...) interpretar motivaciones de interés sectorial que caracterizan los comentarios, denuncias, etc. que afectan a la causante".
Así, caben aquí una hipótesis, una incógnita y una certeza. En el orden de las suposiciones y siguiendo la cronología del documento, es posible que la mencionada condición de "fugitiva" de la "causante" en 1973, se revirtiera tras las leyes de amnistía e indulto político sancionadas en el movilizado parlamento de los primeros días de la gestión de H. Cámpora. Posiblemente, tal caduca situación o adormecido pasado se reactivara tras la denuncia del sospechoso delator. Ello, atendiendo al dato puntual de subsistir en su cargo aún después de 1976.
La duda se afinca precisamente al devenir político y/o jurídico del funcionario; si acaso prosiguieron las necesarias investigaciones en otros ámbitos. La única medida tomada en la DGI será que, en adelante, el mismo "no se encuentra calificado para formular y/o proporcionar antecedentes de carácter ideológicos/subversivos".
La única certeza será entonces la cesantía de la maestra rural desde el 27 de noviembre de 1979 bajo la fórmula "NO DEBE" y la firma de Pérez Cobo.

La educación clandestina
“¿Qué tan lejos llegó la dictadura al interior de las escuelas santafesinas? ¿Los muros escolares resistieron las prácticas genocidas observadas en el período? ¿Qué sabemos del cotidiano escolar en aquellos años? ¿Qué sabían al respecto los servicios de inteligencia? ¿De qué manera operaron? ¿Desde cuándo? ¿Quiénes colaboraron con ellos? ¿Cómo se construyeron los incontables legajos confidenciales que precedieron a las depuraciones docentes? ¿Cómo impactó todo ello en la comunidad escolar y en el propio sistema educativo?”. Estos son algunos de los interrogantes que se plantean en “La educación clandestina. Espiar, colaborar y depurar (Santa Fe, 1976 - 1983)”, de la historiadora Natalia García y recientemente vuelto a publicar por Prohistoria Ediciones. Allí se recopilan, describen y analizan decenas de casos ligados a persecuciones políticas, prácticas de colaboración civil y depuraciones ideológicas que tuvieron lugar en el terreno de la educación santafesina desde mediados de la década del ’60, con epicentro en los años de la última dictadura cívico militar.
   En una entrevista del año pasado (Suplemento de Educación de La Capital, 15 de abril de 2017) la educadora Natalia García repasaba los pormenores de la investigación que llevarían luego a la publicación de su libro. Recordó que fue a mediados de 2012 cuando realizaba tareas de investigación en el Archivo Provincial de la Memoria (APM), cuando se topó con una serie de cajas rotuladas como “MEyC”, y al preguntar por su contenido le respondieron: “Ah, ahí están las botoneadas”. En rigor, cartas, notas e informes producidos y archivados por la ex Dirección General de Informaciones (DGI) sobre personas comunes que pedían a los militares que investiguen a ciudadanos o colectivos vinculados a la educación y la cultura.
   La rigurosa tarea investigativa de García sobre estos documentos —se escribe en esa entrevista— derivó en el libro La educación clandestina, de Prohistoria. En esas cajas de la ex DGI queda en evidencia que las tareas de espionaje no sólo tenían como fuente lo que salía en los medios de comunicación y otros organismos de inteligencia, sino también el aporte “patriótico” de vecinos, que referían hasta “lo que se decía” de tal persona. No había información inútil. “Todo dato —dice la autora— resultó útil y operativo a la hora de «fichar» a una persona; una referencia «sólida» o un rumor de pasillo eran igualmente aptos para iniciar un parte clandestino”.

Por Natalia García - Historiadora
 

Últimas Notas