Una tendencia global de la educación superior

Lunes 09 de Abril de 2018

Asumir que la educación superior será siempre provista por el Estado ya no es válido en muchos países. Hace décadas que se expande a nivel global la educación terciaria y universitaria a través de instituciones de gestión privada. 

El crecimiento puede medirse en términos del número de alumnos matriculados en educación superior privada, que constituye un tercio globalmente. En cuanto al número de instituciones, las privadas constituyen una clara mayoría en varios países. En países como EE. UU. y los de América Latina la educación privada es de larga data. En Dubai y Bulgaria, se trata de un fenómeno reciente. En Japón, Corea, Indonesia y Filipinas la inscripción privada supera el 70%. En Brasil, Colombia y Chile más de la mitad de los estudiantes asisten a instituciones privadas.
En EEUU, México, Brasil y Chile han crecido también las universidades con fines de lucro. En 2010 estas universidades en EE. UU. enseñaban a 1 de cada 10 estudiantes siendo el Apollo Education Group, dueño de la Universidad de Phoenix, la empresa más grande en el rubro. Se cuestiona su objetividad porque admiten alumnos “de menor potencial académico”, por ende más proclives a desertar, proporcionándoles financiamiento obtenido gracias a préstamos y becas federales. Argentina no permite universidades for profit. Existen universidades que se manejan como si fueran empresas aunque el formato legal sea sin fines de lucro. Tan borroso puede ser el límite que se ha acuñado el término quasi for profit.
El sector de mayor crecimiento a nivel mundial en el de “respuesta a la demanda”, normalmente de bajo nivel y baja calidad. Son frecuentes en China, India, Rusia y México. Dan oportunidad de formación y acceso laboral a estratos con escasas vías de acceso a la educación universitaria.
Otra forma de privatizar la educación superior es mediante el arancelamiento de carreras y cursos de instituciones públicas, lo cual se ve en Argentina con la educación a distancia, los posgrados y los cursos de extensión.
Países como EE. UU. y Chile, tienen sistemas de becas y préstamos a los estudiantes que les permiten elegir la institución. Esto genera competencia entre instituciones por el “poder de compra” que tienen los alumnos portadores del beneficio.
Paralelamente, hay países cuyas instituciones privadas reciben subsidios públicos. En Argentina, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica lanzó concursos de Programas de Investigación en Ciencia y Tecnología (PICT) en los que han participado universidades estatales y privadas. Se generó asimismo un PICT exclusivo para universidades privadas mediante un convenio entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Queda pendiente en Argentina, entre otras mejoras posibles, la desgravación impositiva para el sistema universitario, para que el sector privado encuentre estímulos para la financiación directa de investigaciones y mejora de los programas de docencia de alta experimentalidad.
La educación superior se percibe como motor del desarrollo económico. El crecimiento demográfico y de la demanda pone presión en los estados para incrementar la oferta educativa. El desafío es cómo financiarla. El tradicional rol social y de “bien público” de la educación superior, educar para la ciudadanía y el desarrollo económico, se complementa hoy con la educación vista como “bien privado”, en tanto beneficia a los individuos, lo que transfiere parte de la responsabilidad de asumir los costos a los individuos y a las instituciones académicas. De ahí, la necesidad de diversificar fuentes de ingresos.
En síntesis, la privatización de la educación superior es un hecho. Tal vez irreversible. Con variaciones por países, los buenos alumnos se distribuyen tanto en las universidades públicas como en las privadas. Los profesores, en algunos sistemas, son los mismos. Los rankings independientes ubican a universidades privadas y públicas en ambos extremos de la escala. En cuanto la calidad institucional y el mayor acceso puedan garantizarse, el sector privado será un socio beneficioso del Estado para ofrecer educación.

Ana María Mass
 

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