Educación gratuita y obligatoria, imprescindible pero no suficiente

Lunes 09 de Julio de 2018

La escuela argentina está lejos de ser una herramienta igualadora y capaz de reducir la brecha entre los que más tienen y los que luchan por sobrevivir. Para mejorar la situación escolar en la Argentina se necesita una mayor presencia e inversión del Estado.

En Argentina, como cada marzo los niños, niñas y adolescentes vuelven a clase. Muchas familias vuelven a sus rutinas: levantarse por la mañana, despertar a los niños, preparar el desayuno y acompañarlos a la escuela, como un paso más de la cotidianeidad. Pero, este mes hay muchas miles de familias que siguen ajenas a este trajín. Este marzo muchos miles de niños y adolescentes no han comenzado las clases. Ni tendrán recreo.
Desde el año 2014 Argentina, en consecución con compromisos asumidos internacionalmente, amplió la obligatoriedad de la educación que ahora comprende desde sala de cuatro años en nivel inicial hasta el secundario inclusive. Sin embargo, lejos de ser una realidad, la situación educativa del país arroja datos que alarman.
Las estadísticas más recientes sobre la situación de la niñez y adolescencia indican que hay más de 650 mil niños, niñas y adolescentes en edad escolar que no concurren a clases[1]. De ellos, más de 40 mil son menores de 11 años mientras que en los adolescentes solo uno de cada dos que empieza el secundario logra terminarlo. La situación de las mujeres es aún peor: cada año más de 55 mil niñas y adolescentes abandonan la escuela por transitar un embarazo o estar al cuidado de sus hermanos. Estos datos, por sí mismos impactantes, conllevan una enorme desigualdad. La mayoría de los ausentes de la escolaridad obligatoria provienen de los hogares más vulnerables y empobrecidos tanto de sectores urbanos como rurales.
La escuela argentina está lejos de ser una herramienta igualadora y capaz de reducir la enorme brecha entre los que más tienen y los que luchan por sobrevivir. Es una realidad que los miembros de hogares más vulnerables registran peores trayectorias escolares y mayor retraso educativo: más inasistencia, más abandono y más rezago escolar. Esta ecuación de suma cero se traduce en peores oportunidades presentes y futuras. Los ausentes de hoy tendrán mañana peores empleos en términos de estabilidad y formalidad y más dificultades para romper el círculo de pobreza y vulnerabilidad. Es urgente, entonces, enfatizar el rol del Estado como garante no sólo del acceso a la educación sino también, y fundamentalmente, de la calidad de los procesos y trayectorias escolares y de los resultados a los que se arriban.
Las diferencias de clase se traducen en un diferencial educativo cada vez más expulsivo para los niños, niñas y adolescentes que crecen en hogares pobres y que en Argentina son más de 6 millones. Mientras en un extremo de la cadena acceden a idiomas, laboratorios, tecnologías, recreación y experimentación en el otro extremo apenas si cubren la cuota de clases obligatorias. En otras palabras, no basta con los principios de obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza. La política educativa debe generar las condiciones para que todos puedan alcanzar similares resultados educativos.
La educación es mucho más que aprender a leer y a escribir o prepararse para una –necesaria- integración al mercado laboral. Es también desarrollar la personalidad e identidad y las capacidades físicas e intelectuales, es aprender a respetar las diferencias, los derechos humanos, es entrenar el ejercicio a la participación. La educación es la institución pública que por excelencia debe crear las bases y generar las condiciones para un ejercicio pleno de la ciudadanía.
La calidad educativa no puede ser un servicio más que se ofrece en el mercado. En tanto Derecho debe ser una política de Estado prioritaria. Para lograrlo es necesaria una mayor inversión y presencia del Estado. No se trata sólo de generar más vacantes sino de mejorar la infraestructura, los recursos materiales y didácticos, pero también es fundamental apoyar a las familias para que puedan acompañar y sostener la escolaridad de los niños y niñas bajo su cuidado. La educación de calidad es un derecho de cada niño y adolescente. El Estado tiene la responsabilidad de garantizarla, redoblando los esfuerzos para quienes más lo necesitan. Calidad educativa es ofrecer las oportunidades de acceder a los mismos resultados aún proviniendo de contextos bien distintos.

Alejandra Perinetti - directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina
 

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