La educación, ¿prioridad nacional?

Martes 30 de Octubre de 2018

El Estado debe convertirla en prioridad. Para ello debe hacer todos los esfuerzos y destinar la inversión que corresponda. La democracia no logra formar cabalmente a los ciudadanos que darán la legitimidad necesaria al sistema que tanto nos costó conseguir en 1983. Y esto es grave.

"A veces los argentinos no queremos escuchar la verdad porque no queremos que nuestras ilusiones se vean destruidas”. Esta es una frase adaptada del genial Friederich Nietzsche, quien no la dirigió a los argentinos, sino a la gente en general que tiene la tendencia a autoengañarse en aras de no destruir sus creencias.
Lamentablemente, hoy nos está sucediendo eso a los ciudadanos de esta República. Pese a que los datos nos indican que más del 60% de aquellos que comenzaron su educación obligatoria no la terminan y que entre aquellos que si la terminan, siete de cada diez no reúnen los conocimientos básicos, nuestra ilusión es que nuestros hijos aprenden y están siendo bien educados o, por lo menos, más del 80% de los padres responde de este modo.
La delicada situación que vivimos no conoce de diferencias sociales, afecta a todos: en los niveles socioeconómicos más bajos la debacle es más notoria, seis de cada diez no comprenden lo que leen pero los niveles más altos tienen también un problema mayúsculo ya que los resultados de las escuelas de mayor calidad del país se ubican por debajo de las peores escuelas del mundo desarrollado (un alumno de las escuelas de elite argentinas está en el nivel de las peores de Europa y muy por debajo de las escuelas de peores resultados de Finlandia o Corea).
Además de estos resultados tan penosos, no se cumple en Argentina con la Ley de días mínimos de clase ni tampoco con la norma que exigió jornada extendida.
Estos datos, vergonzosos por la violación al derecho constitucional de aprender y al derecho humano de educar, serían demoledores en cualquier país del mundo, pero en la Argentina no hacen mella: la gente no reacciona y se engaña pensando que el problema es del otro. El Gobierno, a su vez, no hace el foco especial que debiera y el tiempo continúa pasando sin que notemos el deterioro. Lo peligroso es que este deterioro se disfraza de enemigo invisible y persevera en la destrucción de nuestro capital humano sin que lo veamos, dándole la razón a Jacinto Benavente, quien decía que la única palabra que podía armarse con las letras de “argentino” era “ignorante”.
Lo más grave, quizás, es que nuestra sociedad no pueda comprender lo que significa esta grave situación por el nivel educativo descripto. Esta hipótesis es alarmante.
Para explicarlo quiero detenerme en un aspecto. Que más del 60 % de los alumnos que inician su educación obligatoria no termine el secundario significa que esos jóvenes no están habilitados para “el ejercicio pleno de la ciudadanía” como dice expresamente la Ley de Educación Nacional (LEN art.30).
¿Qué quiere decir esto? Que la democracia argentina no está logrando formar cabalmente a los ciudadanos que darán la legitimidad necesaria al sistema que tanto nos costó conseguir en 1983. Y esto es grave.
Lo que pareciera no entenderse es que el aprendizaje garantizado por nuestras normas a todos los argentinos no es una alternativa. No estamos frente a una opción, estamos frente a una obligación pública de las autoridades que deben cumplir integralmente para asegurar la viabilidad de la Nación, su democracia y las libertades de absolutamente todos los ciudadanos del país.
No hacerlo es un ataque suicida al futuro de la República. Si el abandono, la mala calidad y la tremenda inequidad educativa están amenazando nuestro futuro, es urgente que reaccionemos. A esto se le llama actuar en defensa propia.
Pero más allá del reclamo ciudadano, es el Gobierno Nacional quien está obligado a liderar un cambio copernicano y hacerlo con todo el poder del que dispone. No se trata de proponer planes y dejarlos morir en el intento. Se trata de cumplir la ley. Y para esta tarea que, vale la pena reiterarlo, es obligatoria, el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales deben comenzar por colocar la Educación como el principal desafío de la Argentina.
El artículo 3 de la LEN establece con claridad que “La educación es una prioridad nacional …”. Pues bien, el Estado debe convertirla en prioridad absoluta y para ello debe hacer todos los esfuerzos posibles y destinar la inversión que corresponda.
Esta obligación se agiganta en época de crisis puesto que se trata de cumplir un mandato que es nada menos que prioridad nacional y las prioridades mandan. Deberá realizar campañas, fijar metas, hacer seguimiento (cumplir con el artículo 120 LEN) e informar a los ciudadanos periódicamente sobre el cumplimiento de su obligación.
Pero esta tarea no depende solamente del Estado. Convertir a la Educación en prioridad requiere de un cambio de mentalidad en los medios de comunicación, en el empresariado local, en los sindicatos, en las agrupaciones de padres, en los partidos políticos y en el mundo académico.
Este es el camino. Cuando las prioridades están claras las decisiones se hacen más fáciles. Aprender es un derecho. Hagámoslo realidad.

Por: Manuel Alvarez Trongé

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