Consumidores de la educación

Lunes 15 de Abril de 2019

El Gobierno insiste en reformar el artículo de una ley para que los padres tengan más información sobre las escuelas a las que van sus hijos. Pero ese camino no garantiza mejorar la calidad educativa.   

En la última apertura de sesiones del Congreso, el presidente Macri hizo una sola mención a la política educativa. Y eso que hay temas para mencionar. Pero no: el Presidente eligió hacer una sola mención y fue volver a insistirle al Congreso que reforme un artículo de la Ley de Educación: el que prohíbe que el Estado difunda los resultados de las escuelas en las evaluaciones educativas.
Ese artículo, el 97 de la Ley de Educación Nacional (de 2006) establece que “la política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización”.
El argumento oficial es que este artículo va contra la política de transparencia, y que los padres tienen el derecho de saber cómo están -en términos de resultados- las escuelas a las que mandan a sus hijos, para así poder reclamar en caso de insatisfacción.
Si bien el argumento de la transparencia es atendible, lo cierto es que no hay ninguna experiencia internacional que muestre que este enfoque mejore la calidad educativa. Por el contrario, como los resultados suelen estar asociados al nivel socioeconómico de las familias, en los países que se aplicó aumentó la segregación: chicos ricos se agrupan con chicos ricos y los más pobres con los pobres.
Todo lo contrario a los orígenes y la historia de la educación pública en la Argentina.

El origen de la resistencia
 Así y todo, hay tanta resistencia a que avance esta reforma, que -en rigor- es muy difícil que sea aprobada. De hecho, en 2018 Macri también había pedido que el proyecto fuera tratado. Sólo es cuestión de pensar en quiénes se podrían perjudicar con su sanción. Los sindicatos se sienten señalados. Pero, además, están aquellas escuelas pagas que podrían verse obligadas a ajustar sus cuotas a los resultados educativos.

Por: Ricardo Braginski

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